El rol del Estado frente a la problemática laboral presenta diversas aristas, específicamente analizando el respeto al derecho laboral; nos referimos al 25% de la PEA, es decir sólo la fuerza de trabajo formal y el 75% restante se encuentra excluido de toda normativa, por consiguiente el rol del Estado es proteger y legislar sobre el 100% de la PEA, buscando y promoviendo la formalización.

En realidad, la legislación laboral define el comportamiento de empresas grandes, que generalmente reúnen una serie de condiciones y requisitos, pero no son la mayoría, conformada principalmente por pequeñas empresas, microempresas, trabajadores independientes y pequeñas propiedades agrícolas, en conclusión debe adecuarse la legislación a la realidad del país. En el Perú se han dado muestras de avance, por ejemplo mediante la ley de Promoción y Formalización de las Mypes - Ley N° 28015 del año 2003 o el decreto legislativo 1086 del 2008, que avanzada en la formalización de los trabajadores al sistema de salud y jubilación.

Formé parte del gobierno durante la transición de una legislación llamada de regulación del mercado laboral a una situación de adaptación de la legislación peruana a las exigencias internacionales, particularmente a las planteadas por la OIT. Durante los años 90 -gobierno de Alberto Fujimori Fujimori- se incumplieron una serie de normas laborales internacionales. El Perú tenía 16 observaciones oficiales realizadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT): no se permitían las organizaciones sindicales, la negociación colectiva, etc., toda una serie de reclamos justos realizados por las organizaciones sindicales, recogidos por la OIT; Entonces, una de nuestras principales preocupaciones fue levantar dichas observaciones, que fueron elevadas al Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). Logramos prácticamente ponernos a derecho en el campo laboral a nivel internacional. Probablemente habrán venido otras observaciones que seguro se deben haber resuelto de forma concertada.

Considero que el gran avance de nuestro periodo fue darnos cuenta que no se puede legislar para una minoría, sino para el conjunto de la fuerza laboral formal y sobre todo la informal. Como problema social afrontamos los despedidos masivos en el sector público ocurridos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Se trataba de aproximadamente 180.000 mil personas quienes reclamaban reposición, persistía una gran convulsión social; entonces logramos llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales mediante el diálogo y discusión alturada, reflejado en la famosa lista del cese colectivo que de alguna manera resolvió el problema.

Por otra parte, el Estado tiene un famoso régimen llamado Servicios No Personales-SNP, sin ningún beneficio; aunque tiene un nombre gracioso, porque el servicio no puede ser más personal, pues se está contratando Recurso Humano. Actualmente un porcentaje importante de trabajadores del sector público se encuentran bajo este régimen, contratados con la legislación privada o la del típico servidor del sector; entonces persisten tres regímenes. Cuando los trabajadores del sector público se encuentren en un régimen laboral que respete sus derechos sociales el Estado tendrá la suficiente autoridad moral para exigirle al sector privado uniformidad; pero se debe hacer de manera paralela.

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